Política y administración pública

Impuesto a las Ganancias: el sistema está al límite y el FMI ya puso en alerta al Gobierno

La baja recaudación por ingresos personales pone presión a Hacienda, que debe definir medidas clave frente a los plazos que impone el Fond Monetario

La Argentina recauda apenas el 1,8% del PBI por el impuesto a los ingresos personales, muy por debajo del promedio regional. El Gobierno tiene hasta fines de 2026 para presentar una reforma que choca de lleno contra el calendario electoral.

El diagnóstico: por qué el FMI mira Ganancias

El sistema tributario argentino acumula décadas de parches. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo señala en el Staff Report correspondiente a la Segunda Revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), publicado en mayo de 2026: el sistema tributario argentino es "complejo, altamente distorsivo e inestable". Argentina tiene más de 155 tributos vigentes, pero unos pocos concentran el 80% de la recaudación.

Frente a ese diagnóstico, la reforma tributaria forma parte de los compromisos formales del acuerdo. El gobierno se obligó a desarrollar y presentar una propuesta antes de fines de diciembre de 2026 —un structural benchmark en los términos del organismo. El objetivo es racionalizar el sistema y generar espacio fiscal para reducir los impuestos que más frenan la actividad: retenciones a las exportaciones e impuesto a las transacciones financieras, entre otros.

Hay un número que explica por qué el FMI apunta específicamente al impuesto a las ganancias de personas físicas: Argentina recauda por ese concepto apenas el 1,8% del PBI. Es menos de la mitad que el promedio de América Latina —en torno al 2,2%— y menos de un quinto que el promedio de la OCDE, cercano al 8,3%. En el ranking regional, Argentina se ubica entre los niveles más bajos, junto con Paraguay y Bolivia.

El problema es también estructural: la mayor parte de lo que el Estado recauda llega vía impuestos indirectos —principalmente IVA— que son más distorsivos para la actividad económica y más regresivos en términos distributivos, porque afectan proporcionalmente más a quienes menos ganan.

El siguiente gráfico, elaborado por el FMI con datos de OCDE y MECON, ilustra esa composición en comparación con otros países de la región y el promedio de la OCDE.

Composición tributaria de la Argentina en comparación con otros países de la región

La historia: cómo Argentina llegó a este punto

El Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría no siempre fue una rareza. En diciembre de 2020 alcanzó su máximo histórico: 2.425.880 trabajadores en relación de dependencia tributaban el impuesto. Hacia principios de 2023, el número había caído a algo más de un millón, pero el impuesto seguía siendo un componente relevante del sistema.

Lo que vino después cambió eso de forma abrupta. En agosto de 2023, en plena campaña electoral, el entonces ministro de Economía Sergio Massa impulsó una reforma que elevó el mínimo no imponible de forma drástica. El efecto fue inmediato: de 715.000 contribuyentes en agosto, el padrón se desplomó a entre 123.000 y 129.000 personas hacia noviembre y diciembre de ese año. El impuesto había quedado reducido a menos del 1% de los trabajadores formales.

La gestión Milei revirtió parcialmente la medida. Desde enero de 2024 el número de contribuyentes comenzó a recuperarse: 187.054 en enero, 737.584 en octubre. A marzo de 2026 el padrón llegó a 1.055.431 trabajadores, el 8,2% del total de asalariados privados registrados.

Sin embargo, ese nivel está lejos de los estándares históricos y más lejos aún de lo que el FMI considera adecuado. El piso salarial de ingreso al impuesto se ubica hoy en torno a los $3.000.000 brutos mensuales para un trabajador soltero —equivalente a aproximadamente 1,7 veces el RIPTE de febrero de 2026 y a unas 8,5 veces el salario mínimo vigente. Para una familia tipo con cónyuge y dos hijos, ese umbral sube a $4.000.000 brutos. Son valores que quedan por encima del salario de la mayoría de los trabajadores formales, lo que explica que la base siga siendo estrecha.

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En marzo de este año, el padrón llegó a 1.055.431 trabajadores alcanzados por el impuesto, el 8,2% del total de asalariados privados registrados.

La propuesta del FMI: quiénes volverían a pagar

La recomendación del FMI es concreta: el impuesto debe alcanzar al menos al 20% de los trabajadores formales. Hoy tributa el 8,2%. Cerrar esa brecha implica incorporar al padrón a aproximadamente 1.515.000 trabajadores adicionales, llevando el total de contribuyentes de los actuales 1.055.431 a unos 2.570.000.

El impacto fiscal proyectado es de 0,4% del PBI —equivalente a unos u$s2.672 millones a valores de 2026.

Para que el 20% de los trabajadores formales vuelva a tributar el impuesto, el umbral de ingreso debería reducirse de manera significativa. A partir de la distribución salarial observada en el empleo privado registrado, el mínimo no imponible para un trabajador soltero sin deducciones adicionales debería ubicarse en torno a los $2.200.000 brutos mensuales, frente a los aproximadamente $3.000.000 que rigen actualmente. La reducción, cercana al 25%, ampliaría sustancialmente la base de contribuyentes: dejarían de estar alcanzados únicamente los salarios más altos y comenzarían a incorporarse trabajadores ubicados en la franja superior de la distribución salarial.

La distribución de salarios del sector privado registrado ilustra por qué la base actual es tan estrecha. La remuneración mediana en febrero de 2026 fue de $1.514.460 brutos mensuales —la mitad de los trabajadores gana menos que eso. El promedio fue de $2.110.047. El piso de ingreso al impuesto para un soltero, fijado hoy en $3.000.000, queda por encima del 80% de los trabajadores formales. Dicho de otro modo: hoy solo tributa quien está en el decil más alto de la distribución salarial.

Cuánto pagarían: simulación por salario

El Impuesto a las Ganancias tiene una característica que lo distingue de otros tributos: su impacto varía enormemente según el salario y la situación familiar. Para entender qué implicaría una reducción del mínimo no imponible destinada a llevar al 20% la proporción de trabajadores formales alcanzados por el tributo, conviene observar tres perfiles concretos construidos a partir de los datos del mercado laboral registrado.

El primero es el trabajador que percibe el RIPTE promedio del sector privado registrado, que en febrero de 2026 ascendió a $1.734.357 brutos mensuales. Ese trabajador seguiría fuera del impuesto incluso bajo un escenario de ampliación de la base imponible. Su remuneración permanece por debajo del umbral estimado de ingreso al tributo para un trabajador soltero sin deducciones.

El segundo perfil es quien percibe una vez y media el RIPTE, equivalente a $2.601.536 brutos mensuales. En este caso aparece una diferencia importante según la situación familiar. Si es soltero, comenzaría a tributar, aunque con una carga muy reducida: el impuesto anual rondaría entre $70.000 y $150.000, una incidencia prácticamente marginal sobre su ingreso. Si tiene cónyuge y dos hijos a cargo, las deducciones personales lo mantienen fuera del impuesto. Es el caso que mejor muestra cómo las cargas de familia continúan funcionando como un mecanismo de protección frente al tributo.

El tercer perfil corresponde a un trabajador que percibe dos veces el RIPTE, unos $3.468.714 brutos mensuales. Allí el impuesto empieza a adquirir relevancia para quienes no tienen cargas de familia. Un trabajador soltero enfrentaría una obligación anual cercana a $1.500.000, equivalente a unos $125.000 mensuales en promedio. En cambio, si tiene cónyuge y dos hijos, las deducciones elevan considerablemente el umbral efectivo de tributación y reducen la carga a apenas unos $100.000 anuales, es decir, menos de $10.000 por mes.

Lo que muestran estos ejemplos es que la ampliación de la base imponible afectaría principalmente a trabajadores solteros o con pocas deducciones personales ubicados en la franja alta de la distribución salarial. Incluso con un umbral más bajo, la presencia de cónyuge e hijos continúa generando diferencias significativas en la carga tributaria efectiva. La reforma no requiere modificar las alícuotas vigentes —que van del 5% al 35%— sino reducir el piso de ingreso al impuesto. Es esa disminución del umbral la que permitiría incorporar alrededor de 1.500.000 nuevos contribuyentes y acercar la cobertura al 20% de los asalariados formales.

Cambio histórico para los juicios laborales en CABA: las nuevas reglas para empresas y empleados

La Ciudad avanza con el traspaso de la Justicia laboral y promete acortar los plazos de los litigios y darle más protagonismo a los jueces

Cambio histórico para los juicios laborales en CABA: las nuevas reglas para empresas y empleados

La Ciudad de Buenos Aires avanza hacia una de las transformaciones institucionales más profundas de las últimas décadas: el traspaso definitivo de la Justicia laboral a la órbita porteña. Lo que durante más de 30 años permaneció congelado tras la reforma constitucional de 1994 comienza ahora a tomar forma concreta con el envío del convenio de transferencia firmado con el gobierno de Javier Milei a la Legislatura local. Detrás de la discusión jurídica existe un interrogante mucho más amplio: cómo impactará este cambio en el futuro del trabajo, en la dinámica de los litigios laborales y en la competitividad económica de la Ciudad. Para el Gobierno porteño, el nuevo esquema permitirá construir un fuero moderno, ágil y especializado, capaz de terminar con procesos eternos y aportar previsibilidad a empresas y trabajadores. Para sus críticos, el desafío operativo y político es gigantesco y podría derivar en una transición traumática si no se acompaña con recursos suficientes.

El debate recién empieza, pero algo ya parece irreversible: el modelo tradicional de Justicia laboral nacional está entrando en una etapa de redefinición profunda.

Una anomalía institucional que lleva más de tres décadas

Desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convive con una estructura judicial híbrida y superpuesta. En un mismo territorio funcionan simultáneamente la Justicia federal, la Justicia nacional ordinaria y la Justicia local. Ese esquema fue durante años uno de los principales argumentos utilizados por quienes impulsan la autonomía judicial plena de la Ciudad. La posición que hoy predomina en el Gobierno porteño sostiene que no resulta razonable que el Estado nacional continúe administrando y financiando fueros ordinarios dentro de una jurisdicción autónoma.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, se convirtió en uno de los principales impulsores políticos del proceso. La intención oficial es avanzar hacia un sistema judicial completamente administrado por la Ciudad, incluyendo el fuero laboral, considerado estratégico por el impacto directo que tiene sobre la actividad económica y las relaciones laborales.

El trasfondo no es únicamente institucional. El Gobierno porteño considera que la lentitud extrema de la Justicia laboral nacional se convirtió en uno de los factores que afectan la competitividad y desalientan inversiones.

El diagnóstico: juicios eternos y crisis del empleo formal

El punto de partida del debate es crítico. La Argentina lleva más de 15 años sin generar empleo formal privado de manera sostenida, mientras la informalidad laboral continúa creciendo. En paralelo, el sistema judicial laboral nacional acumula demoras estructurales que afectan tanto a empleadores como a trabajadores. Hoy, una demanda laboral puede tardar hasta seis años y medio en llegar a una sentencia firme.

Para los trabajadores, esto implica esperar años para cobrar créditos de carácter alimentario. Para las empresas, supone convivir durante largos períodos con contingencias judiciales imposibles de cuantificar con precisión. En el sector empresario sostienen desde hace tiempo que la imprevisibilidad del sistema generó un fenómeno de "industria del juicio" basado en litigios prolongados, multas elevadas y negociaciones especulativas. Desde el sindicalismo y sectores laboralistas, en cambio, responden que la verdadera causa del conflicto es la precarización laboral y la falta de controles efectivos sobre los empleadores.

La Ciudad busca posicionarse en un punto intermedio: un sistema más rápido, oral y digitalizado, que reduzca costos sin afectar derechos.

Cómo será el nuevo modelo laboral porteño

La reforma proyectada apunta a modificar no sólo la estructura institucional sino también la lógica de funcionamiento de los procesos laborales. Uno de los cambios centrales será la implementación de un sistema basado en oralidad, inmediación y celeridad.

El objetivo es que el juez tenga contacto directo y permanente con las partes durante todo el proceso, abandonando definitivamente el modelo escrito y burocrático que domina actualmente en buena parte de la Justicia nacional. El nuevo esquema pretende limitar la delegación de funciones en empleados administrativos y promover la participación presencial de los magistrados en las audiencias clave.

Además, el Código Procesal, aunque deberá ser modificado próximamente debido al traspaso de competencias, prevé múltiples instancias obligatorias de conciliación. La apuesta es que los acuerdos dejen de construirse sobre estimaciones abstractas o presiones procesales y pasen a basarse en el verdadero riesgo jurídico del caso.

Anuncian paro en todos los aeropuertos y habrá complicaciones para volar el fin de semana largo

La medida fue anunciada por ATE, debido a incumplimientos por parte de la ANAC, y durará una semana. En qué horarios se realizarán los paros

iProfesional | Actualidad | Medida de fuerza

Quienes tengan planeado volar en el próximo fin de semana largo, tendrán que chequear horarios y posibles cancelaciones. Es que ATE anunció paros que impactará en los vuelos comerciales entre el 18 y el 24 de marzo.

Así lo confirmó la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, denunció incumplimientos salariales por parte de las autoridades de la ANAC y advirtió que la medida afectará vuelos comerciales en todo el país durante franjas horarias específicas.

Paro de ATE afectará vuelos durante el fin de semana largo

El paro será llevado adelante por los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) e impactará en todos los vuelos aerocomerciales del país entre el 18 y el 24 de marzo inclusive, justo en ocasión del fin de semana largo, en reclamo por aumentos salariales que, según denunciaron, fueron acordados pero aún no se efectivizaron, según informaron desde el gremio a la Agencia Noticias Argentinas.

"El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible", afirmó Cabezas.

Desde ATE ANAC informaron que la medida de fuerza se desarrollará en todos los aeropuertos del país y afectará las operaciones en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esos horarios solo se garantizarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales.

Según explicaron desde el gremio, la decisión fue tomada de manera colectiva en asambleas realizadas por los trabajadores del sector.

"La medida de fuerza fue definida en asambleas y de manera conjunta. Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. Pero la situación ya es insostenible", concluyó Cabezas.

Llega otro fin de semana largo: qué pasará con el lunes 23 de marzo

Cada vez falta menos para uno de los próximos feriados del calendario argentino, que dará lugar a un nuevo fin de semana largo en todo el país. El descanso estará relacionado con el 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha establecida como feriado nacional que impacta en todo el territorio.

El dólar minorista bajó $45 y perforó el piso de $1400: cuáles son las claves detrás de su fuerte baja

El dólar minorista cerró este martes 23 de septiembre con una baja de $45, en $1.385, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negocia con tendencia bajista, en $1358, alejándose del límite superior de la banda de fluctuación. En el segmento informal, el dólar blue se vende con una baja de sesenta y cinco pesos, en $1.410. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación cae 4,4% a $1374, mientras que el MEP pierde 4,3%, en $1.367.

El mercado cambiario argentino atraviesa un período de inusual calma tras semanas de alta tensión en torno al techo de la banda cambiaria. La dinámica reciente combina factores de política local y respaldo externo que impactaron directamente sobre la cotización del dólar. Por un lado, el Gobierno decidió eliminar temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos, con el objetivo de incentivar liquidaciones aceleradas en la previa electoral. Por otro, el país recibió un fuerte apoyo de Estados Unidos, que modificó las expectativas de financiamiento y alivió la presión cambiaria de corto plazo.

La combinación de ambas medidas alteró el equilibrio de la oferta y la demanda de divisas en un momento en el que los exportadores habían retrasado ventas y los importadores adelantando compras, generando tensiones sobre las reservas del Banco Central. La baja de retenciones tiene como horizonte el 31 de octubre o hasta que las ventas externas registren un máximo de u$s 7.000 millones. Además, la norma redujo a tres días hábiles el plazo para liquidar el 95% de los dólares comprometidos, lo que obliga a acelerar el flujo de divisas.

La relevancia del respaldo estadounidense

La baja reciente del dólar está más vinculada al fuerte apoyo financiero de Estados Unidos que a la eliminación de retenciones en sí misma. Los expertos señalaron que, si bien la medida local puede acelerar liquidaciones por entre u$s 3.000 y u$s 6.000 millones en seis semanas, el verdadero cambio de expectativas provino del respaldo externo, que garantiza que las necesidades de financiamiento estarán cubiertas. Los especialistas del bróker destacaron que, con este apoyo, el mercado descuenta que a partir del 26 de octubre las compras de reservas en el mercado cambiario podrían ser significativamente menores. Tanto el Banco Central como el Tesoro enfrentarán menos presión para absorber divisas, lo que anticipa un escenario de menor tensión cambiaria. Esta percepción explica gran parte de la baja reciente en las cotizaciones.

Oferta del agro y la dolarización de carteras

Los expertos de ambas sociedades de bolsa coinciden en que el agro será protagonista en esta etapa. La reducción de retenciones y el acortamiento de los plazos de liquidación obligan a los productores a vender más rápido, generando un ingreso extraordinario de dólares en el mercado oficial. Sin embargo, el efecto neto sobre la estabilidad cambiaria dependerá de qué tan fuerte sea la dolarización de quienes reciben los pesos. La conclusión compartida es que la efectividad de estas medidas dependerá no solo del volumen liquidado, sino también del comportamiento de la demanda de dólares en el mercado interno. La experiencia muestra que una oferta extraordinaria no garantiza estabilidad si en paralelo persiste una fuerte dolarización de carteras.

Expectativas y riesgos hacia fin de año

Los especialistas de Max Capital proyectaron que la presión cambiaria quedará contenida hasta las elecciones, pero que los últimos dos meses del año enfrentarán un escenario complejo por la caída de ingresos extraordinarios. El desafío será administrar ese bache de divisas sin que se desarme la calma lograda en la previa electoral. La clave será la magnitud de las compras de reservas después del 26 de octubre. Si efectivamente son menores, como descuenta el mercado gracias al apoyo estadounidense, la presión sobre el tipo de cambio se moderará. En caso contrario, el alivio podría ser más transitorio de lo esperado. Por eso, los próximos meses serán una prueba para evaluar la solidez del respaldo externo y la capacidad del Gobierno de administrar la transición hacia 2025.

El retroceso reciente del dólar, entonces, no debe interpretarse como un cambio estructural, sino como el resultado de una combinación de factores coyunturales: por un lado, el estímulo a las liquidaciones del agro; por el otro, la señal de confianza derivada del apoyo financiero de Estados Unidos. La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo durará la calma cambiaria una vez que esos factores extraordinarios se diluyan.

"EEUU está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina", afirmó el secretario del Tesoro

Bessent aseguró que el Tesoro de EE.UU. está dispuesto a apoyar a Argentina con todas las herramientas posibles, incluyendo swaps, compra de dólares y deuda. Milei agradeció el auxilio del Tesoro de EEUU: "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos". El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en una seguidilla de posteos, aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública, tal como anticipó Ámbito.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", expresó el funcionario a través de su cuenta en "X", y fue categórico al sostener que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa".

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para blindar el equilibrio fiscal y monetario

El presidente Javier Milei envió al Congreso este lunes el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria

El proyecto también impone límites al Poder Legislativo: cualquier ley que implique nuevos gastos solo entrará en vigencia cuando las partidas correspondientes se incorporen al presupuesto del año siguiente, salvo que se establezca un financiamiento específico y suficiente. Además, obliga a que cada iniciativa parlamentaria que afecte recursos o aumente erogaciones venga acompañada de un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso o, en el caso del Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda, señala Parlamentario. En el plano de la responsabilidad política, el proyecto prohíbe a cualquier funcionario asumir compromisos extrapresupuestarios o solicitar adelantos transitorios del Banco Central para financiar gasto primario, uno de los mecanismos que Milei considera responsables de la inflación.

El paquete incluye incluso modificaciones al Código Penal:

Se crea la figura del "delito fiscal", con penas de uno a seis años de prisión para los funcionarios que autoricen o ejecuten gastos sin financiamiento respaldado.

Se endurecen las sanciones contra funcionarios del Banco Central que habiliten o promuevan la emisión irregular de dinero, con penas que van de tres a diez años de cárcel.

En todos los casos, las condenas se duplicarán si se demuestra un beneficio personal o de terceros. El proyecto también introduce cambios en la Ley de Administración Financiera (24.156), ampliando su alcance a empresas públicas, entes autárquicos, fondos fiduciarios y sociedades estatales, que estarán obligados a consolidar sus presupuestos dentro del Presupuesto General. Si no lo hacen, no podrán recibir fondos del Tesoro.

Finalmente, la iniciativa declara de orden público sus disposiciones y establece que las reglas fiscales y monetarias comenzarán a regir a partir del primer presupuesto que se formule luego de su promulgación.

Con este proyecto, Milei busca no solo reforzar su estrategia de equilibrio fiscal, sino también atar de manos a futuros gobiernos, institucionalizando la bandera central de su gestión y elevando a rango penal las violaciones a la disciplina presupuestaria.

El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de ATN: por qué los gobernadores decidieron no darle tregua

La oposición insistió por amplia mayoría con la ley que automatiza el reparto de esos fondos entre las provincias. La negociación tardía del Gobierno

El gobierno de Javier Milei recibió el tercer cachetazo en 24 horas con el rechazo del Senado por mayoría abrumadora al veto sobre la ley que obliga a repartir el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, impulsada por todos los gobernadores en el marco de una discusión que la Casa Rosada no logró resolver a tiempo. Un día después de que la Cámara de Diputados rechazara los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y asistencia de emergencia para el Garrahan, la oposición superó con creces la mayoría de dos tercios en el Senado y se impuso con 59 votos a favor de la insistencia con la ley de ATN (en contra del veto) 9 negativos y 3 abstenciones. En los próximas días o semanas, definirá la Cámara baja.

El Senado le había dado media sanción a este proyecto el 10 de julio pasado con 56 votos a favor y solo 1 en contra dado que el oficialismo se retiró del recinto. Diputados terminó de convertirlo en ley el 20 de agosto con 143 votos positivos, contra 90. La ratificación en la Cámara alta superó los números de la votación anterior, incluso con más presencias.

A principios de esta semana el gobierno de Milei repartió $12.500 millones en ATN entre las provincias de Santa Fe ($3.000 millones), Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones) en un intento por evitar esta tormenta parlamentaria, que claramente no sirvió. El oficialismo apenas consiguió las abstenciones del entrerriano Alfredo De Ángeli (PRO) -quien señaló que el gobernador Rogelio Frigerio no quiere "cortar el diálogo" con el Gobierno- y de los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, alineados con Alfredo Cornejo. Ambos jefes provinciales son aliados electorales de La Libertad Avanza. La razón por la que el giro de fondos no funcionó para frenar la nueva derrota es que el reclamo de los gobernadores por esos recursos -que afirman son de las provincias y la Nación mantiene "pisados"- viene casi desde que empezó el año pero el Gobierno se negó a atenderlo y demoró la negociación hasta último momento, muy tarde y con la mayoría de los jefes provinciales ya enfrentados electoralmente al oficialismo en sus provincias.

¿Qué dice la ley de ATN que vetó Javier Milei y que el Senado empezó a restituir?

Los ATN siempre fueron distribuidos de forma discrecional por el Poder Ejecutivo. De hecho han sido la herramienta que otros presidentes han usado para negociar con los gobernadores el apoyo a sus iniciativas en el Congreso. La ley que impulsaron este año los gobernadores y Milei vetó apunta al fondo remanente de ATN que se financia con el 1% sobrante de la coparticipación federal de impuestos y establece que esos recursos deben repartirse entre las provincias ya no discrecionalmente sino "en forma diaria y automática".

En ese sentido, establece que el 41,2% de ese fondo será para la Nación y el 58,8% restante se repartirá entre las provincias de acuerdo a los porcentajes que le asigna la Ley de Coparticipación a cada una de ellas. Según el cálculo de los gobernadores, se trata de una caja de $252.953 millones que se repartiría entre los 24 distritos del país. En resumen, con esta ley los gobernadores buscan forzar a Milei a distribuir esos recursos que hasta ahora mantuvo pisados. El argumento del Ministerio de Economía encabezado por Luis "Toto" Caputo para desoír el reclamo de los gobernadores es que la misma ley dicta que ese fondo remanente "se destinará a atender situaciones de emergencia". Sin embargo, los jefes provinciales insisten en que se trata de recursos que corresponden efectivamente a las provincias e incluso afirman que el Gobierno se los niega porque Caputo los utiliza para "dibujar el superávit".

Con ese mismo argumento, los mandatarios insisten en que la ley no tiene un impacto fiscal real porque los fondos son de las provincias. Así lo ratificó también el senador pampeano Daniel Bensusán (Unión por la Patria) en el inicio del debate de este jueves, al afirmar que la norma "no altera el equilibrio fiscal: se recaudan 100, se distribuyen 100, no 103".

Cómo se gestó la nueva derrota que sufrió Milei frente a los gobernadores

Los gobernadores impulsaron originalmente la ley desde el Senado, conocido precisamente como "la casa de las provincias". En el mes y medio que pasó desde la aprobación de la Cámara alta y la sanción final en Diputados la administración de Milei hizo un solo intento por negociar con los gobernadores y, sin acuerdo, el diálogo se cortó. Recién cuando el tema ya estaba por aterrizar en el recinto de la Cámara de Diputados el oficialismo presentó una propuesta alternativa, con un dictamen que establecía el reparto de los ATN pero solo cuando hubiera fondos remanentes y con una distribución mensual que se haría "una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron".

El ofrecimiento tentó a los gobernadores más cercanos a la Rosada como Cornejo, Frigerio, Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis), pero no al resto. Ya era tarde. En el entorno de algunos de esos mandatarios explicaron a este medio que el Gobierno se había "negado a negociar" demasiado tiempo y, para colmo, al momento de cerrar alianzas para las elecciones nacionales de octubre dejó "al 75% de los gobernadores en contra" del oficialismo.

En ese marco, el acuerdo se volvió más difícil aún y la aprobación de la ley se aceleró, al igual que la pérdida de apoyo para el oficialismo en el Congreso que derivó en esta seguidilla de rechazos a los vetos de Milei.

El último gesto del Gobierno y la queja de las provincias que sonó fuerte en el Senado

Milei ofreció otro gesto para tratar de convencer a los gobernadores con el proyecto de Presupuesto 2026 enviado el último lunes al Congreso. El cálculo de gastos e ingresos para el próximo año propone una partida para ATN de casi $570.000 millones. Sin embargo, tampoco logró apaciguarlos con esto. Los jefes provinciales mostraron su cansancio por el retaceo permanente de esos fondos como parte de su política de "equilibrio fiscal" a como dé lugar. El debate del Senado reflejó ese hartazgo. Las quejas de los gobernadores fueron repetidas por los legisladores de casi todos los sectores políticos. Por caso, el peronista Fernando Rejal (La Rioja) sostuvo que "esto es lisa y llanamente un robo a las provincias", mientras su compañero de bancada Guillermo Andrada (Catamarca) acusó: "Están usando los ATN como un salvavidas para maquillar el equilibrio fiscal".

Momentos antes de la sesión el ministro de Economía afirmó que el Congreso insistiría "en romper el equilibrio fiscal" y acusó a los legisladores de querer "voltear al Presidente". Blanco salió al cruce de esa declaración durante el debate: "Quien incumple la ley es quien se guarda los ATN para disimular un déficit cero que no existe". "Está claro que no estamos desfinanciando, ni le estamos cambiando el destino al gobierno, le estamos dando y dejando por encima de lo que se ha ejecutado anteriormente y por encima de lo que se viene ejecutando en esta gestión", señaló a su turno el radical Víctor Zimmermann (Chaco), en referencia a ese 41,2% que la ley deja en manos de la Nación.

¿Cómo defendió el oficialismo el veto de Milei?: la advertencia de Atauche y la soledad de LLA

Las críticas en ese tono se repitieron a lo largo de las cinco horas de debate y otros, como el radical Martín Lousteau (CABA), destacaron el rol clave de la pelea entre Milei y los gobernadores: "Es la primera vez en la historia en donde se juntan 24 gobernadores para decirle al Gobierno nacional por acá no, está cometiendo errores", subrayó

El oficialismo quedó una vez más en soledad para defender el veto presidencial. Uno de los más contundentes en esa tarea fue el jefe del bloque LLA, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien remarcó que la función del fondo de ATN es "hacerse cargo de emergencias financieras o climáticas" y advirtió: "Cuando haya una emergencia, cuando haya un pedido porque alguna provincia tiene un problema climático, los fondos no van a estar". "¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Se van a juntar los gobernadores en un asado y van a hacer una vaquita entre todos para hacerse cargo?. No lo veo. Lo que veo es que las provincias van a quedar desvalidas ante esas emergencias que suelen suceder", continuó Atauche. El jujeño acusó de "hipocresía" y "oportunismo" a la oposición y los interpeló: "Digan la verdad, quieren destruir el Gobierno".

En apenas 24 horas Javier Milei vio rechazados tres de sus últimos vetos, pero el revés del Senado con la ley que reparte los ATN aparece como el de mayor impacto político porque cristalizó más que nunca que la gran mayoría de los gobernadores no tiene en mente darle tregua al oficialismo, al menos de aquí a las elecciones de octubre.